A pesar de que importantes autoridades chilenas como el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, o el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, culpan al lobby de ser la causa principal de sus problemas, es clave decir que esta es una actividad consustancial a la democracia y que sin ella leyes y decisiones serían peores.
El lobby es la representación de intereses de grupos frente a la autoridad. Como esta debe decidir sobre una serie de materias necesariamente requiere contar con diferentes tipos de información que le permitan comprender las diferentes posiciones y contrastar lo que los diferentes grupos plantean. Obviamente, la autoridad debe preocuparse –legal, ética y procedimentalmente- de que ese lobby sea hecho en forma transparente y que todos los grupos tengan la misma posibilidad de representar sus posiciones.
El lobby se basa sobre un concepto de equivalencia e igualación de poder. Como los diferentes actores políticos y sociales buscan que la autoridad los favorezca con su decisión –en términos legales o de recursos- otros grupos deben crear un poder equivalente para que la autoridad tome una decisión justa y eficiente que distribuya los recursos adecuadamente.
El problema que la autoridad enfrenta es que efectivamente los niveles de poder entre los diferentes grupos no son equivalentes. En todas las actividades que deben ser regladas por la autoridad política existen asimetrías de poder producto de la fuerza económica, social o legal. Y es justamente en este punto en el que el lobby adquiere su importancia: si la autoridad fomenta que sea transparente y competitivo, ayuda a que todos los grupos puedan competir en igualdad de condiciones.
Por lo mismo, las iniciativas de regulación deben propender no sólo a la transparencia, sino a la regulación de todos los actores para que se empareje la cancha. No sirve de nada hacer que un grupo esté obligado a difundir lo que hace si el resto de los actores no tiene esa misma obligación.
El emparejamiento de la cancha es la iniciativa más relevante, ya que permite que la autoridad pueda decidir conociendo todas las consecuencias y evitando ser conculcada por intereses que pueden dañar a otros grupos.
Pero para que la disputa sea pareja, la autoridad debe obligar a todos los grupos y actores afectados por una decisión –ya sea directa e indirectamente- a que transparenten sus intereses y a quién perjudica su posición y que permitan que sus competidores también se manifiesten. Ello permite que no se escuden en eufemismos y que los diferentes tomadores de decisión sepan cuáles son los beneficios económicos y de poder que buscan y cómo ellos pueden ser enfrentados.
Y para esto basta un solo ejemplo. El rector de la Universidad de Chile, que plantea constantemente que las agencias de lobby deben ser reguladas, parece asumir que la institución que él dirige no hace lobby (ya que o si no debería solicitar el mismo tratamiento), sino que defiende los intereses de la educación pública. Cuando él plantea que es su institución la que debe recibir más recursos, que las universidades del Estado deben tener mayores aportes basales y que no se debe igualar el trato con las universidades privadas, lo que está haciendo es justamente presionar a las autoridades políticas para que decidan en su favor, bajo la idea de que la Universidad lo merece más porque es la más antigua y más grande…es decir está haciendo lobby.
En este tipo de discusiones no hay que ser inocente, pensando que todos los actores trabajan por el bienestar social, ni dogmático, asumiendo que los malos son los que tienen dinero y que los buenos son las comunidades. Por lo mismo, cuando se habla de una ley de lobby debe considerarse cómo se morigera el poder de los grupos más potentes en función de que las decisiones beneficien a más personas o sectores económicos.
Pero también se debe considerar que el lobby más fuertes muchas veces no se hace en las instancias procedimentales y legales establecidas por la norma, sino que se realiza informalmente: las protestas, las medidas de presión, la organización en federaciones y sociedades son manifestaciones constantes de creación de fuerza para defender intereses. Por ello, es que antes de preocuparse de tener una ley de lobby, es más importante revisar aquellas leyes y normas que cautelan y defienden los intereses de grupos y empresas en forma injusta y que perjudican a grupos importantes de la sociedad.
